Ley 21.719 para corredores de propiedades
La nueva Ley 21.719 cambia el tratamiento de datos de postulantes a arriendo. Qué deben revisar corredores, administradores e inmobiliarias antes del 1 de diciembre de 2026.
Por Equipo CertiPro
Ley 21.719 y corredores de propiedades: qué cambia al evaluar arrendatarios desde diciembre de 2026
- Pedir el RUT.
- Recibir liquidaciones de sueldo.
- Descargar un informe comercial.
- Guardar certificados en una carpeta.
- Reenviarlos al propietario por WhatsApp o correo.
Durante años, estas prácticas han formado parte normal del proceso de arriendo en Chile.
A partir del 1 de diciembre de 2026, el contexto regulatorio cambia significativamente.
Ese día entra en vigencia la Ley N.º 21.719, que modifica profundamente la Ley N.º 19.628 sobre protección de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.
Para corredores de propiedades, administradores e inmobiliarias existe una razón particularmente importante para prestar atención.
Evaluar a un postulante a arriendo implica tratar una gran cantidad de datos personales:
- Identificación.
- RUT.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Ingresos.
- Información laboral.
- Deudas.
- Antecedentes comerciales.
- Situación financiera.
- Documentos personales.
Y muchas veces esa información termina distribuida entre correos electrónicos, teléfonos, WhatsApp, carpetas compartidas y computadores particulares.
Hasta ahora, buena parte de la industria ha tratado este proceso principalmente como un problema administrativo.
La nueva regulación obliga a empezar a mirarlo también como un problema de gobierno y trazabilidad de datos.
¿Qué es la Ley 21.719?
La Ley 21.719 fue publicada en diciembre de 2024 y sus principales modificaciones comienzan a regir el 1 de diciembre de 2026.
La normativa moderniza el régimen chileno de protección de datos personales y crea una autoridad especializada: la Agencia de Protección de Datos Personales.
Además, incorpora principios y obligaciones que afectan directamente la forma en que las organizaciones recopilan, utilizan, almacenan y comunican información de personas. Entre ellos aparecen conceptos fundamentales como:
- Licitud.
- Finalidad.
- Proporcionalidad.
- Calidad.
- Responsabilidad.
- Seguridad.
- Transparencia.
La consecuencia práctica es importante: ya no basta con tener acceso a un dato. Hay que poder justificar por qué se trata, para qué se utiliza y bajo qué fundamento se está utilizando.
El corredor de propiedades también trata datos personales
Es fácil asociar protección de datos con bancos, compañías de seguros, grandes plataformas tecnológicas o empresas de telecomunicaciones.
Pero un corredor de propiedades también procesa datos constantemente. Desde que una persona pregunta por una propiedad pueden comenzar a recopilarse:
- Nombre.
- Teléfono.
- Correo.
- RUT.
- Preferencias de vivienda.
- Información de grupo familiar.
- Situación laboral.
- Ingresos.
- Documentos financieros.
- Antecedentes comerciales.
Cuando posteriormente comienza la evaluación para un arriendo, la cantidad y sensibilidad de la información puede aumentar considerablemente.
Por eso la Ley de Protección de Datos no es un asunto exclusivamente tecnológico. Puede convertirse en un tema operacional para cualquier empresa que gestione postulantes.
Hay un dato especialmente relevante para el mercado de arriendos: la situación socioeconómica
La Ley 21.719 incorpora la situación socioeconómica dentro de la definición de datos personales sensibles.
Eso merece atención en una industria donde precisamente se utilizan antecedentes económicos para determinar si una persona puede asumir un determinado arriendo.
Sin embargo, esto no significa que toda utilización de información financiera o socioeconómica esté prohibida ni que siempre exista una única base jurídica posible.
La misma legislación contempla distintas fuentes de licitud para el tratamiento, incluyendo determinadas situaciones relacionadas con obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales, la ejecución de contratos o medidas precontractuales y, bajo ciertas condiciones, intereses legítimos.
El punto importante para corredores e inmobiliarias es otro: la organización debería saber qué información utiliza, cuál es la finalidad y cuál es la base jurídica que sostiene ese tratamiento.
¿Entonces basta con pedir consentimiento?
No necesariamente.
El consentimiento es una de las bases posibles de tratamiento, pero la Ley 21.719 establece requisitos claros cuando se utiliza. Debe ser:
- Libre.
- Informado.
- Específico respecto de la finalidad.
- Previo.
- Inequívoco.
Y existe otro elemento particularmente importante para una empresa: el responsable debe poder acreditar que contó con ese consentimiento.
Aquí aparece una diferencia enorme entre “tener autorización” y poder demostrarla.
Un mensaje perdido en WhatsApp diciendo “sí, revisa mis antecedentes” puede transformarse en un problema operacional si meses después alguien necesita reconstruir qué se autorizó, cuándo, respecto de qué información y con qué finalidad.
La protección de datos convierte la trazabilidad en una parte del proceso.
El problema de evaluar candidatos por WhatsApp
Imaginemos una corredora que recibe diez postulantes para una propiedad.
Cada persona envía:
- Tres liquidaciones de sueldo.
- Certificado de AFP.
- Cédula de identidad.
- Informe comercial.
- Información bancaria.
- Certificados adicionales.
Un ejecutivo recibe algunos antecedentes por WhatsApp. Otros llegan al correo. Un asistente los descarga. Después se guardan en Google Drive. Parte de la documentación se envía al propietario.
Tres meses después alguien pregunta:
- ¿Qué información recibimos de este postulante?
- ¿Quién tuvo acceso?
- ¿Para qué fue utilizada?
- ¿Seguimos almacenándola?
- ¿El postulante sabía que sería compartida?
- ¿Qué autorización tenemos registrada?
Responder esas preguntas puede resultar sorprendentemente difícil. Ese es precisamente el tipo de problema que una operación de evaluación digital debería resolver.
La finalidad importa
Uno de los principios explitos de la nueva normativa es el principio de finalidad.
Los datos deben recopilarse para fines específicos, explícitos y lícitos, y su utilización debe limitarse a esos fines, salvo las excepciones contempladas por la propia legislación.
En términos simples: si una persona entrega información para ser evaluada como postulante a determinada propiedad, la empresa debería tener claro qué va a hacer con esa información.
No debería existir una gran base indefinida de documentos personales simplemente “por si acaso”.
La pregunta operacional pasa a ser: ¿podemos reconstruir qué datos pedimos, por qué los pedimos y qué hicimos después con ellos?
También existe un principio de proporcionalidad
La ley señala que los datos tratados deben limitarse a aquellos que resulten necesarios, adecuados y pertinentes para la finalidad.
También establece que los datos no deberían mantenerse indefinidamente cuando dejaron de ser necesarios para el objetivo que justificó su tratamiento.
Esto afecta directamente una costumbre extendida en procesos inmobiliarios: pedir una gran cantidad de documentos a todos los postulantes antes de saber siquiera si tienen posibilidades reales de avanzar.
Una operación moderna debería intentar hacer lo contrario: solicitar la información necesaria en cada etapa del proceso y profundizar la evaluación cuando realmente corresponda.
Eso mejora la privacidad, pero también mejora la conversión, porque reducir documentos, fricción y tareas innecesarias facilita que un buen candidato avance hasta convertirse en arrendatario.
La nueva ley también introduce sanciones relevantes
La Ley 21.719 crea un régimen de infracciones y sanciones considerablemente más robusto que el marco anterior.
Dependiendo de la gravedad de la infracción, las multas pueden alcanzar miles de UTM y, para determinadas empresas en situaciones de reincidencia, la normativa contempla sanciones vinculadas a los ingresos anuales.
El propósito de mencionar estas cifras no debería ser generar pánico. Debería ser comprender el cambio de escenario.
La protección de datos deja de ser solamente una declaración genérica al final de una política de privacidad. Se convierte en un riesgo empresarial que debe poder gestionarse.
Del informe comercial a una operación trazable
Aquí aparece un cambio importante para la industria inmobiliaria.
Durante mucho tiempo la pregunta ha sido: “¿Dónde consigo el informe comercial del candidato?”
La pregunta que empieza a ser más relevante es: ¿Cómo administro correctamente todo el proceso de evaluación del candidato?
Porque el informe comercial es solo una pieza. Antes existe una solicitud, después una autorización o una base jurídica que debe identificarse. Existen datos, documentos, accesos, decisiones, personas que reciben información y eventualmente datos que deberían dejar de conservarse.
Gestionar todo esto manualmente es posible, pero mientras mayor es el volumen de propiedades, corredores y postulantes, más difícil resulta mantener un proceso consistente.
Cómo CertiPro cambia la operación de evaluación
CertiPro fue desarrollado para digitalizar la evaluación de arrendatarios.
En lugar de que la documentación y los antecedentes de cada postulante circulen de manera desestructurada entre distintas personas, el proceso puede centralizarse en una plataforma.
El candidato participa directamente del flujo de evaluación y autoriza el acceso correspondiente cuando éste es requerido. La información puede consultarse y analizarse utilizando fuentes verificables, reduciendo la dependencia de documentos enviados manualmente.
Y el corredor puede administrar candidatos desde un mismo proceso, en lugar de reconstruir cada evaluación desde correos electrónicos, mensajes y carpetas.
Esto tiene una ventaja inmediata: evaluar mejor y más rápido. Pero hacia diciembre de 2026 aparece una segunda ventaja: construir una operación mucho más trazable.
Trazabilidad no significa llenar más formularios
Existe el riesgo de interpretar la nueva Ley de Protección de Datos como más burocracia. No debería ser así. Un buen sistema puede hacer exactamente lo contrario.
El objetivo debería ser que acciones que hoy dependen de memoria humana o trabajo manual queden incorporadas naturalmente al proceso:
- Quién inició una evaluación.
- Qué candidato está asociado a qué propiedad.
- Cuándo avanzó.
- Qué información se solicitó.
- Qué autorización se obtuvo cuando correspondía.
- Qué resultado se generó.
- Quién accedió al proceso.
Eso es mucho más eficiente que intentar reconstruir la historia meses después.
Protección de datos y experiencia del postulante pueden ir juntas
Existe además una ventaja menos evidente: los postulantes tampoco disfrutan enviando los mismos documentos repetidamente. No quieren buscar certificados, no quieren enviar información financiera por WhatsApp, y no quieren preguntarse quién terminó recibiendo sus documentos.
Un proceso digital puede entregar más transparencia al candidato y al mismo tiempo simplificar la experiencia. Por eso cumplimiento y conversión no deberían tratarse como objetivos opuestos; bien implementados, pueden reforzarse mutuamente.
Qué deberían revisar hoy corredores e inmobiliarias
Con la entrada en vigencia fijada para el 1 de diciembre de 2026, todavía existe una oportunidad para revisar el proceso antes de que la nueva normativa comience a operar plenamente.
La pregunta inicial no necesita ser jurídica. Puede ser operacional: ¿Dónde están hoy los datos de nuestros postulantes?
Si la respuesta es:
- WhatsApp.
- Correos personales.
- Google Drive.
- Carpetas locales.
- Planillas.
- Teléfonos de distintos corredores.
Probablemente existe una oportunidad de mejora independientemente de la nueva legislación.
La segunda pregunta es: ¿podemos demostrar cómo se realizó cada evaluación?
Y la tercera: ¿realmente necesitamos pedir todos esos documentos manualmente?
La evaluación de arrendatarios está cambiando
Durante años, digitalizar el corretaje significó principalmente publicar propiedades en internet y captar interesados.
La siguiente etapa es digitalizar lo que ocurre después:
- Calificación.
- Postulación.
- Evaluación.
- Autorización.
- Selección.
- Contrato.
La Ley 21.719 acelera esa transformación porque agrega una razón adicional para abandonar procesos informales. No se trata solamente de reducir papeles; se trata de crear una operación donde cada postulante avance por un proceso claro, verificable y trazable.
Ese es precisamente el problema que CertiPro busca resolver.
Prepara tu operación de arriendo para diciembre de 2026
CertiPro permite centralizar la evaluación de postulantes y reemplazar parte del intercambio manual de antecedentes por un proceso digital estructurado.
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Preguntas frecuentes sobre la Ley 21.719 y arriendos
¿Cuándo entra en vigencia la Ley 21.719?
Las principales modificaciones introducidas por la Ley 21.719 entran en vigencia el 1 de diciembre de 2026.
¿La Ley 21.719 afecta a los corredores de propiedades?
Sí. Las obligaciones de protección de datos pueden ser relevantes para cualquier persona natural o jurídica que trate datos personales dentro del ámbito de aplicación de la ley. Los corredores e inmobiliarias recopilan y utilizan datos personales de clientes y postulantes durante sus procesos habituales.
¿Un corredor puede pedir información financiera a un postulante?
La evaluación debe realizarse bajo una base de licitud aplicable y respetando los principios y obligaciones establecidos por la legislación. La respuesta concreta depende de qué información se trate, su finalidad y la forma en que se realiza el tratamiento.
¿Siempre necesito consentimiento para evaluar un arrendatario?
No necesariamente. La nueva legislación contempla distintas bases de licitud. Cuando la base utilizada sea el consentimiento, éste debe cumplir los requisitos establecidos por la ley y el responsable debe poder acreditarlo.
¿La situación socioeconómica es un dato sensible?
La Ley 21.719 incluye expresamente la situación socioeconómica dentro de la definición de datos personales sensibles.
¿Guardar documentos de postulantes en WhatsApp puede ser un problema?
El canal por sí solo no determina automáticamente la legalidad del tratamiento, pero una operación distribuida entre teléfonos, correos y carpetas puede dificultar el control de acceso, seguridad, finalidad, conservación y trazabilidad de los datos.
¿CertiPro reemplaza la asesoría legal?
No. CertiPro es una plataforma tecnológica para gestionar y evaluar postulantes. La determinación de las obligaciones legales específicas de una empresa debe realizarse considerando su operación particular y, cuando corresponda, con asesoría jurídica especializada.